Cuando una estudiante de enfermería de 22 años fue encontrada muerta en un sendero boscoso de la Universidad de Georgia, en lo que se cree que es el primer homicidio cometido en el campus en casi 30 años, se desencadenaron olas de dolor y miedo que conmocionaron a la universidad.
Pero cuando un migrante venezolano de 26 años fue acusado el viernes de secuestrar y matar a la estudiante, Laken Riley, sucedió algo más: transformó a Athens y al condado de Clarke, una comunidad de aproximadamente 130.000 habitantes ubicada a unos 110 kilómetros al este de Atlanta, en el nuevo epicentro de la lucha política sobre las leyes migratorias de Estados Unidos.
El lunes, en una publicación de redes sociales, el expresidente Donald Trump dijo que el sospechoso, José Antonio Ibarra, era un “monstruo” y culpó al presidente Joe Biden de una “invasión” que está “matando a nuestros ciudadanos”. Ese mismo día, en un acto en la universidad, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, denunció “la falta de voluntad de esta Casa Blanca para asegurar la frontera sur”.
Un tercer republicano, el representante por Athens, Mike Collins, publicó en las redes sociales: “La sangre de Laken Riley está en las manos de Joe Biden, Alejandro Mayorkas y el gobierno del condado de Athens-Clarke”, en referencia al gobierno unificado de la ciudad y del condado.
Muchos liberales consideran estas declaraciones como parte de una retórica demagógica aunada a un crimen espantoso. En una entrevista realizada el domingo, Kelly Girtz, alcaldesa demócrata del condado de Athens-Clarke, dijo que la conversación debería centrarse en el duelo por la víctima y en culpar a un individuo y no a un grupo.
“Este asesinato fue un acto violento y atroz”, dijo, “y recae directamente sobre el perpetrador”.
La cultura relativamente liberal de Athens, sus políticas migratorias locales y la crisis fronteriza se combinaron con un crimen brutal para crear una mezcla tóxica en la universidad más importante de Georgia, donde la política estudiantil es muy diversa.
Afuera del centro de estudiantes, Ella Jackson, de 19 años, estudiante de primer año de Milton, Georgia, dijo que no se sentía insegura ni preocupada. Pero discrepó de la política del gobierno local sobre los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. “En realidad, no creo que sea nuestro trabajo darles refugio a los migrantes ilegales y menos tan cerca de un campus universitario”.
En años recientes, en la ciudad de Athens los políticos locales de izquierda han ganado más importancia, entre ellos Girtz, quienes han dado una nueva perspectiva a los temas de justicia social y a corregir lo que consideran que son males persistentes del sur profundo. Estos políticos no han dudado en aceptar a las personas migrantes indocumentadas que se encuentran en el país y a la comunidad hispana, cuyo número ha aumentado de manera drástica en Athens y sus alrededores en los últimos 30 años.
Al mismo tiempo, Athens sigue siendo una especie de espacio sagrado para los conservadores de Georgia. La enorme universidad, situada en el centro de la ciudad, ha formado a muchos de los republicanos más poderosos del estado, incluido Kemp, quien es originario de Athens. Y el exitoso equipo de fútbol americano de la universidad, así como las fiestas y la adulación que genera, son tradiciones fundamentales de Georgia que Kemp y otros entrelazan de manera llamativa en un crisol conservador de cultura y política.
Kemp, quien fue constructor y desarrollador de viviendas de Athens, se convirtió en gobernador por primera vez en 2018 con un audaz anuncio en el que declaró: “Tengo un camión grande, por si acaso tengo que atrapar a los criminales ilegales y llevarlos hasta su casa”. Este mes, se comprometió a enviar tropas de la Guardia Nacional de Georgia a la frontera de Estados Unidos con México.
Girtz fue elegido alcalde por primera vez en 2006 para la comisión que rige el gobierno unificado de la ciudad y el condado. Según él, el grupo de políticos más activistas de Athens y sus partidarios surgieron, en cierta medida, de la escena musical new wave y pospunk que se hizo famosa en Athens a principios de la década de 1980 y de la que surgieron grupos como R. E. M. y The B-52’s.
El domingo por la mañana, en una cafetería cercana al campus universitario, el alcalde, que lucía una chaqueta militar color verde oliva y una gorra de béisbol, descartó la idea de que fuera responsable del incidente. Dijo que el representante Collins, quien lo acusó de tener las manos manchadas de sangre, tenía “una especie de narrativa caricaturesca sobre el funcionamiento del universo”.
Además de abordar temas de raza y clase que han separado a muchos de los residentes negros y blancos de Athens, los nuevos legisladores liberales se aferraron a una postura desafiante contra Trump sobre los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales llegaron a esta localidad para trabajar en plantas avícolas o durante el auge de la construcción de principios de la década de 2000.
En 2018, el alguacil local en ese momento, Ira Edwards, bajo la presión de Girtz y otros, puso fin a la práctica de mantener a los inmigrantes arrestados en la cárcel durante periodos de 48 horas para dar a los funcionarios federales de Inmigración y Aduanas la oportunidad de recogerlos para una posible deportación.
En 2020, los votantes eligieron a una fiscala de distrito liberal, Deborah Gonzalez, quien prometió “tener en cuenta las consecuencias colaterales para los acusados indocumentados” al tomar la decisión de acusarlos.
A los conservadores les horrorizó todo eso, y aún persiste esa sensación.
El lunes, Houston Gaines, representante estatal republicano por Athens, señaló que Ibarra, el sospechoso del asesinato de la Universidad de Georgia, recibió un citatorio penal por robar en un Walmart de Athens en octubre, según los registros judiciales. Los documentos muestran que se emitió una orden de detención, lo que significa que es probable que no se presentara ante el tribunal.
Existe “una atmósfera de que Athens está siendo un lugar que acepta a personas que, para ser honestos, no deberían estar en Estados Unidos”, comentó Gaines.
Ibarra fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por cruzar la frontera de manera ilegal en septiembre de 2022 y fue liberado de inmediato con un permiso temporal para permanecer en el país, según las autoridades.
Esa liberación, o permiso, fue una práctica que el gobierno de Biden implementó cuando los funcionarios estaban saturados debido a la gran cantidad de personas que cruzaban la frontera. El gobierno puso fin a esta práctica seis meses después.
En agosto, Ibarra fue detenido en Nueva York acusado de poner en peligro a un menor y de violar la ley sobre permisos de conducir, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Acabó trasladándose a Athens y vivía en un apartamento localizado a poca distancia del lugar del crimen.
Gaines dijo esta semana que, en los próximos días, junto a otros republicanos, trataría de impulsar proyectos de ley para endurecer las políticas en torno a los migrantes indocumentados.
En un parque de casas rodantes al norte de la ciudad, Jose Tapía, de 50 años, un mexicano que trabaja en la construcción y es residente legal en Estados Unidos, dijo que anticipaba que las cosas se pondrían más difíciles para sus vecinos indocumentados. “Creo que va a haber más tensión”, dijo. “Estoy seguro de que la policía va a ser más estricta”.
Richard Fausset es un corresponsal radicado en Atlanta. Escribe sobre política, cultura, raza, pobreza y el sistema penal del sur de Estados Unidos. Antes trabajó para Los Angeles Times, donde fue corresponsal en Ciudad de México. Más de Richard Fausset
